OBTENTORES VEGETALES: EL DEBATE QUE FALTA
Ciertas problemáticas suelen pasar desapercibidas ante la opinión pública, incluso para públicos especializados, debido a la complejidad, la falta de información y la aridez del tema, entre otros factores. Sin embargo, a menudo se trata de asuntos importantes con diversas implicancias y que podrían tener enormes consecuencias para el desarrollo futuro del país y la calidad de vida de sus habitantes, como ocurre con dos iniciativas legales relativas a los obtentores vegetales enviadas por el Ejecutivo al Parlamento. La primera de ellas busca la aprobación por parte de Chile del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV, de 1991), y la segunda es la Ley que Regula los Derechos sobre Obtenciones Vegetales; es decir, que definirá la forma en que se aplicará el UPOV 91 en Chile.
Ambos cuerpos legales buscan establecer derechos de uso sobre "nuevas variedades de especies vegetales", que son registradas por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Esta persona es el obtentor de la variedad y el que tiene los derechos sobre ésta. En la práctica, es una suerte de patente blanda, en la cual la persona pasa a tener un derecho sobre especies vegetales. Esto tendrá consecuencias significativas especialmente para agricultores y campesinos, que podrían verse enfrentados a restricciones en el uso de semillas y variedades vegetales. También se regula el uso de especies forestales o de cualquier especie vegetal nativa, asilvestrada o de cultivo presente en Chile, lo que afectaría el patrimonio natural del país.
Es necesario aclarar que esta iniciativa legal fue presentada al Parlamento como parte de las exigencias contempladas para Chile en el marco de los TLC, tanto con EE.UU. como con la UE. De ahí la relevancia que tiene la aprobación tanto del Convenio como de la Ley. Esta última está en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y ha sido objeto de muy poco debate e información hacia los sectores interesados.
Esto es de la mayor gravedad considerando que estas regulaciones tendrán enormes consecuencias para el país. Urge que las autoridades de gobierno, parlamentarios, organizaciones campesinas, académicos, la iglesia, la SNA y las organizaciones de la sociedad civil conozcan y reflexionen sobre este tema.
El Gobierno y el Parlamento tienen la responsabilidad y el deber de involucrar en la discusión a todos los actores interesados y/o afectados de manera seria y profunda.

Por Flavia Liberona (Revista del Campo 092109)