HACIA UN MERCADO TRANSPARENTE DEL AGUA
En el país están los que dicen que no ha funcionado y los que dicen que sí opera, aunque con deficiencias. Dos investigadores disiparon las tinieblas, cuantificando sus operaciones y desarrollaron un piloto de mercado electrónico en el Limarí.

Todo hace prever que este será un año seco. Las lluvias no fueron suficientes para llenar buena parte los embalses que riegan el país. En realidad, el del agua es un tema que cada año se perfila como más complejo. No sólo porque el cambio climático está alterando la pluviometría -y Chile se abastece de aguas principalmente de lluvias y nieves-, sino porque la demanda por el recurso no deja de aumentar.
Desde hace ya un tiempo que se discute la necesidad de cambios en las normativas que ordenan el uso y las transacciones de las aguas en el país. Esto porque por un lado se considera que el agua está mal distribuida y, además, porque hay un gran número de derechos asignados que no están en uso. A ello se agrega que cada vez hay mayor demanda por agua de parte de empresas no agrícolas -especialmente mineras-, lo que haría que se esté distorsionando el mercado, ya que se estarían pagando valores muy por encima de los normales. La consecuencia es que está saliendo del sistema de riego un volumen importante del recurso y están quedando tierras con menor o nula disponibilidad, como ocurre en zonas de la IV Región.
Pero con los montos de dinero que se están transando, la situación se vuelve muy compleja. De hecho, por estos días se ven anuncios de subastas de derechos de agua en zonas de la Región Metropolitana que llegan a los $3.850.000 el litro/segundo.
Entonces, hay un mercado funcionando, pero con poca información disponible y que requiere de forma urgente transparencia para que se pague lo que corresponde por el recurso y el acceso a él sea equitativo.
Un primer paso para cambiar esta situación lo dieron dos investigadores que cuantificaron las transacciones y desarrollaron un piloto de mercado electrónico en el Limarí.

Danza de millones
De acuerdo con el estudio realizado por los profesores Óscar Cristi, de la Universidad del Desarrollo, y Óscar Melo, de la Universidad Católica de Chile, que buscaban ver qué tan efectivamente funciona el mercado del agua en Chile, entre los años 2005 y 2008 el monto transado por compraventa de derechos de agua fue de 109,5 millones de UF, y el número de transacciones fue de 22.338.
Con el apoyo de la Dirección General de Aguas, DGA, Innova Corfo y las universidades Católica y Del Desarrollo, Cristi y Melo encabezan un equipo de investigadores que se propuso determinar si ha existido un mercado del agua o no en el país y contrastar la opinión del investigador estadounidense Carl Bauer, quien ha escrito varios papers y libros sobre el agua en Chile. Bauer ha afirmado que el mercado puede ser una herramienta sumamente útil en el caso del agua en Chile, pero que hasta el momento no ha operado.
Melo y Cristi llegaron a la conclusión de que el mercado está vivo y que es enorme. No obstante, también quedaron en evidencia las múltiples fallas en su operatividad, las cuales es urgente subsanar.
Por ejemplo, para llegar a esas cifras de transacciones tuvieron que aplicar una serie de filtros.
Con la reforma del Código de Aguas de 2005, los Conservadores de Bienes Raíces tienen la obligación de informar a la DGA todos los registros de derechos de agua. Ante la necesidad de contar con datos certeros, Cristi y Melo filtraron la información dejando sólo las transacciones de agua pura, excluyendo por ejemplo aquellas donde se transaba junto a otros bienes, como una superficie de tierra. Y no aceptaron ningún valor que superara un techo: la transacción de la minera Zaldívar a la minera Escondida, la más cara de la historia (US$ 135.000.000 por 630,9 lt/seg de agua subterránea el año 2000, lo que da un valor de 7.850 UF lt/seg).
Así llegaron a cuantificar las 22 mil transacciones por un valor de 109 millones de UF durante el período 2005-2008. Pero reconocen que es sólo una submuestra de un universo que en rigor aún es desconocido.
Está claro entonces que el mercado adolece de serios problemas de información. Y sin datos concretos es difícil transparentar este mercado y, por lo mismo, ordenarlo y evitar las especulaciones o concentración del recurso en pocas manos.
Matías Desmadryl, director de la DGA, plantea que en el futuro se ven algunos pasos para avanzar en ese camino.
"La meta es producir información pública de fácil acceso para conocer los precios y transacciones del agua, así como identificar rápidamente a los propietarios de derechos de aguas. Se espera que con este sistema los costos de transacción sean menores, ya que habrá más y mejor información disponible".
Desde septiembre que la DGA está trabajando con el Banco Mundial en la elaboración de un diagnóstico sobre la institucionalidad, mercado, legislación, y protección del medio ambiente.
"El objeto es darle más dinamismo al sistema, mejorar la gestión y la administración de los recursos hídricos, y asegurar su sustentabilidad", dice Desmadryl.

El modelo chileno
En Chile la distribución de las aguas se hace en base al Código de Aguas, el que distribuye los recursos no por prioridades de uso, sino por quien tenga los derechos. Y como éstos se transan comercialmente los grandes con más recursos están dispuestos a pagar por los derechos y a comprar incluso más de los que eventualmente necesitarán, aun cuando los dejen sin usar. Se produce así un movimiento poco claro de los derechos de agua y especulación en los precios.
Uno de los experimentos de Cristi fue reunir a un grupo de regantes del Valle del Limarí para exponerlos a un remate ficticio de agua. La idea era que escribieran en un papel y en secreto cuánto estaban dispuestos a pagar por un determinado volumen de agua. Y aunque muchos de los agricultores eran vecinos, las diferencias fueron absurdas. En un mercado informado esto no ocurriría, porque habría valores de equilibrio.
Pablo Jaeger, ex abogado de la DGA y gestor de las modificaciones al Código de Aguas del 2005, recalca: "No hay ninguna legislación sobre aguas que sea tan liberal como la chilena. En ninguna parte del mundo el Estado se desentiende después de otorgar derechos de aprovechamiento, dejando vía libre al contrato entre privados. Esta es una tradición histórica chilena. Y, honestamente, ha funcionado. Tenemos muchos menos problemas en materias de agua que otros países. El problema es que no hay más agua, pero el responsable de eso es el crecimiento del país".
Es decir, la distribución ha operado históricamente en Chile. El problema sobreviene con el desarrollo de los últimos 20 años. En este período la mayoría de los sectores clave de la economía ha transparentado sus operaciones incorporando información. Sin embargo, ese proceso no ha ocurrido con el agua. Y ese es el desafío.
"Creo que el mercado se puede mejorar mucho. Pero, me pregunto qué autoridad central sería capaz de intervenir para hacer esta asignación de derechos y lograr que el sistema funcione mejor. Y qué criterios tendría. Ahora sin duda que hay temas donde debiera haber mayor participación del Estado, como en el de la calidad del agua o los caudales ecológicos. También es necesaria la intervención del Estado cuando hay situaciones críticas, pero en general me parece que el rol que debiera tener es dar las reglas del juego, generar información y ayudar a la transparencia".
El reto ahora es ver cómo se inocula información para que no ocurra dispersión de precios, situación frecuente en todas las cuencas. El hecho de que el recurso no tenga un valor claro implica que hay aguas que se están subutilizando, afectando la productividad, o que se usan en cultivos menos rentables. El problema es cómo revertir eso.
Cristi y Melo diseñaron un prototipo de mercado electrónico del agua. Y para su marcha blanca escogieron el Valle del Limarí. La razón es que con el sistema de embalses La Paloma es posible desarrollar un mercado sobre la base de volúmenes de agua -llamado mercado spot-, pues al estar embalsada el productor sabe cuánta agua tendrá.
Las ventajas son inmensas. El productor puede calcular a comienzos de la temporada cuánta agua va a ocupar, y la que le sobra puede venderla. O bien se pueden generar transacciones a través de opciones a futuro sobre esos volúmenes, algo que ya se practica en EE.UU. Eso genera, además, eficiencia en el uso del agua, pues si el agricultor entiende que si logra ajustar su uso, liberará agua que podrá transar.
Que sea el Valle del Limarí donde se está generando este mercado electrónico del agua no es casual: es más simple trabajar sobre la base de volúmenes de agua embalsada que sobre litros por segundo, que es más impredecible. Este es un segundo desafío. Y en el Valle del Maipo están desarrollando estudios al respecto.
La idea es que en el Limarí se cree un lugar donde opere la marcha blanca del sistema. Será un cybercafé al que acudirán los interesados para acceder a la página web que están levantando para efectuar las transacciones. El piloto partiría en las próximas semanas.
El problema del agua en Chile es que si bien se tiene un mercado que funciona, la disponibilidad de agua es cada vez menor dado el crecimiento del país.

Acciones para transparentar el mercado
Hay varias acciones que se pueden emprender para transparentar el mercado del agua. Una es hacer más riguroso el registro de transacciones por parte de los conservadores de Bienes Raíces, tarea a la que está abocada la DGA.
Otro tema clave, según explica Melo, es la agilización del trámite que autoriza el cambio de punto de captación del recurso, que a veces dura un año.
El tercer punto, señala Óscar Cristi, es remediar lo que sucede con los remates de agua: "Nos dimos cuenta de que son muy pocos los remates que se han hecho. Por ejemplo, entre agosto del año 2006 y enero de 2010 la DGA convocó a 56 remates de agua, de los cuales sólo se realizaron 38. El 50% se efectuó con dos o menos postores. Y el 29% sólo con un postor".
El cuarto punto es la patente por no uso del agua, impulsada por la modificación del Código de Aguas del año 2005. Óscar Cristi, que analizó este tema, dice que no es efectiva, mientras que Pablo Jaeger, gestor de las modificaciones al Código de Aguas el año 2005, admite: "Claramente se ha comprobado que los montos han quedado chicos. Pero no hay que perder de vista que la patente está diseñada para que los primeros cinco años el costo sea relativamente bajo. Pero después se duplica. Y, luego, a los 10 años, se duplica de nuevo. Es posible que haya gente que prefiera pagar la patente para no perder el derecho de agua. Pero esa misma pregunta se la van a tener que hacer cuando se duplique una y otra vez".

Fuente: Revista del Campo - OCtubre 25/2010.